Asesoría en litigios de naturaleza tributaria-aduanera, Tratados y Acuerdos de Libre Comercio, Valoración Aduanera, controversias administrativas, solicitudes especiales.
Consultoría y apoyo especializado a Agentes de Aduanas: Defensas administrativas y judiciales. Asesoría de carácter técnico, legal, laboral y societaria.
Asesoría especializada en litigios penales aduaneros: contrabando, infracciones a derechos marcarios, propiedad intelectual y demás infracciones aduaneras.
Asesoría especializada en el ámbito del comercio internacional y en las demás áreas del derecho.
Nuestro Estudio Jurídico se ha consolidado como un referente en la asesoría legal estratégica para el comercio exterior. Somos un equipo de abogados independientes unidos por un compromiso inquebrantable: facilitar el cumplimiento y la eficiencia de las operaciones de nuestros clientes en un entorno normativo cada vez más complejo.
Desde hace más de veinticinco años acompañamos a personas y empresas —nacionales y extranjeras— en la gestión experta de asuntos aduaneros, aportando claridad, estrategia y respaldo jurídico en cada etapa del proceso.
Prestamos servicios a lo largo de todo el territorio y ofrecemos soluciones legales a medida, diseñadas para proteger los intereses de nuestros clientes y facilitar su operación. Nuestro trabajo se apoya en dos compromisos intransables: transparencia total en cada actuación y una responsabilidad profesional sólida, orientada a entregar seguridad jurídica, confianza y resultados concretos.
A partir de ese análisis la Contraloría concluye que, al no constar que a la fecha en que el recurrente solicitó copia de los respectivos antecedentes se hubiere iniciado una investigación por denuncia o querella del mencionado servicio, en los términos previstos en el artículo 189, inciso primero, de la Ordenanza de Aduanas, correspondía que dicho servicio le entregara copia de estos, en conformidad con lo dispuesto en el artículo 17, letra a), de la ley N° 19.880.
Cabe hacer presente que los dictámenes y resoluciones de la Contraloría General de la República tienen fuerza vinculante dentro de la Administración del Estado, constituyendo precedentes de carácter obligatorio.
